Desde que se hizo público el affaire Jorge del Castillo - César Vásquez Bazán (*), la dirigencia del Partido del Pueblo ha venido enfrentando el caso con una obcecada e intolerante actitud que recuerda el primitivo y fanático proceder de los tribunales inquisitoriales. Haciendo uso de un poder que ha dejado de responder al mandato expreso de los militantes del APRA, lo que hace írrito todos sus pronunciamientos, el Comité Ejecutivo Nacional se ha lanzado a una cacería de brujas para legitimar, con el uso vitando de la fuerza, aquello que solo puede ser reivindicado con una ejecutoria permanente de respeto a la normatividad y a los más elementales principos democráticos que deben observarse en la conducción de un movimiento político. Me estoy refiriendo, en suma, al principio de autoridad.

Es este el precepto que ha perdido sentido y vigencia en el Aprismo de hoy, arrinconado por los caprichos y la veleidosidad de sus dirigentes que conducen una organizacion política como si se tratara de un feudo. No hay principio de autoridad cuando las decisiones trascendentales del partido descansan en la inspiración o el criterio de sus líderes, prescindiendo o ignorando el sentir mayoritario de las bases. No hay principio de autoridad cuando arguyéndose un propósito selectivo se recurre a la formación de comisiones con el objeto de imponer candidatos, cuando ellos razonablemente deberían emerger de elecciones internas justas y libres. No hay principio de autoridad cuando el proceso de reorganización del partido es el producto de la voluntad impositiva de sus líderes, desconociéndose el derecho que le asiste a los afiliados al APRA a debatir libre y efectivamente el futuro político del colectivo que integran. No hay principio de autoridad cuando se prolonga arbitrariamente el mandato de las autoridades del partido, profanándose abiertamente la normatividad, la ley orgánica, el marco jurídico de una organización política que debería ser gobernada precisamente sobre la base de dichos preceptos legales. No hay principio de autoridad cuando con hipócrita flema se afirma defender los fueros de la democracia desde una curul asalariada, pero se reprime al interior del partido al hombre común, al afiliado, al militante de base que discrepa abiertamente con la cuestionable conducción de la organización política a la que pertenece.

Porque no hay principio de autoridad cuando la férrea disciplina de un partido se funda grotescamente en la obsecuente sujeción de obedecer, administrándose así a una institución supuestamente democrática como una organización dotada de una legalidad propia, desvinculada de otros órdenes normativos superiores que han consagrado como derecho positivo libertades fundamentales que constituyen el marco jurídico inalienable de toda sociedad civilizada.

Desde Platón la historia de las ideas políticas no ha enmudecido en lo que respecta al derecho natural que consagra la libertad de no guardar obediencia a una autoridad despótica. Pasando por Mangoldo de Lautenbach con sus escritos que datan de 1083 o sus imprecaciones contra el abuso del poder político y el derecho de resistir; o la actitud maximalista de Juan de Salisbury que conceptuaba tirano a todo aquel que infringiera el derecho natural, el rechazo a la obediencia absoluta constituye una actitud racional éticamente justificada. Incluso el pensamiento meditado y cristiano de Santo Tomás aconseja, en principio, que el pueblo debe obedecer a la autoridad, pero distingue sabiamente el dominico entre la oboedientia discreta, la obediencia crítica, y la oboedientia indiscreta, la obediencia ciega y mecánica.