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¿"Disciplina aprista" o genuflexa obediencia?
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¿"Disciplina aprista" o genuflexa obediencia?
Un político más de la oligarquía
Go home, Del Castillo!

Escribe Marco Antonio Flores Villanueva
(Desde Boston, USA)

Desde que se hizo público el affaire Jorge del Castillo - César Vásquez Bazán (*), la dirigencia del Partido del Pueblo ha venido enfrentando el caso con una obcecada e intolerante actitud que recuerda el primitivo y fanático proceder de los tribunales inquisitoriales. Haciendo uso de un poder que ha dejado de responder al mandato expreso de los militantes del APRA, lo que hace írrito todos sus pronunciamientos, el Comité Ejecutivo Nacional se ha lanzado a una cacería de brujas para legitimar, con el uso vitando de la fuerza, aquello que solo puede ser reivindicado con una ejecutoria permanente de respeto a la normatividad y a los más elementales principos democráticos que deben observarse en la conducción de un movimiento político. Me estoy refiriendo, en suma, al principio de autoridad.

Es este el precepto que ha perdido sentido y vigencia en el Aprismo de hoy, arrinconado por los caprichos y la veleidosidad de sus dirigentes que conducen una organizacion política como si se tratara de un feudo. No hay principio de autoridad cuando las decisiones trascendentales del partido descansan en la inspiración o el criterio de sus líderes, prescindiendo o ignorando el sentir mayoritario de las bases. No hay principio de autoridad cuando arguyéndose un propósito selectivo se recurre a la formación de comisiones con el objeto de imponer candidatos, cuando ellos razonablemente deberían emerger de elecciones internas justas y libres. No hay principio de autoridad cuando el proceso de reorganización del partido es el producto de la voluntad impositiva de sus líderes, desconociéndose el derecho que le asiste a los afiliados al APRA a debatir libre y efectivamente el futuro político del colectivo que integran. No hay principio de autoridad cuando se prolonga arbitrariamente el mandato de las autoridades del partido, profanándose abiertamente la normatividad, la ley orgánica, el marco jurídico de una organización política que debería ser gobernada precisamente sobre la base de dichos preceptos legales. No hay principio de autoridad cuando con hipócrita flema se afirma defender los fueros de la democracia desde una curul asalariada, pero se reprime al interior del partido al hombre común, al afiliado, al militante de base que discrepa abiertamente con la cuestionable conducción de la organización política a la que pertenece.

Porque no hay principio de autoridad cuando la férrea disciplina de un partido se funda grotescamente en la obsecuente sujeción de obedecer, administrándose así a una institución supuestamente democrática como una organización dotada de una legalidad propia, desvinculada de otros órdenes normativos superiores que han consagrado como derecho positivo libertades fundamentales que constituyen el marco jurídico inalienable de toda sociedad civilizada.

Desde Platón la historia de las ideas políticas no ha enmudecido en lo que respecta al derecho natural que consagra la libertad de no guardar obediencia a una autoridad despótica. Pasando por Mangoldo de Lautenbach con sus escritos que datan de 1083 o sus imprecaciones contra el abuso del poder político y el derecho de resistir; o la actitud maximalista de Juan de Salisbury que conceptuaba tirano a todo aquel que infringiera el derecho natural, el rechazo a la obediencia absoluta constituye una actitud racional éticamente justificada. Incluso el pensamiento meditado y cristiano de Santo Tomás aconseja, en principio, que el pueblo debe obedecer a la autoridad, pero distingue sabiamente el dominico entre la oboedientia discreta, la obediencia crítica, y la oboedientia indiscreta, la obediencia ciega y mecánica.

 
Después de la muerte de Haya, la disciplina aprista sufrió una burda y lamentable deformación, alejándose del espíritu espartaco que la vinculaba con el cuidado y cultivo de la salud física, o divorciándose de los principios de la ética incaica o las lecciones de orden que conducían a los afiliados al Partido del Pueblo hacia la superación personal, el amor por la lectura, las artes y las letras, el respeto por la ciencia, hasta la asimilación de normas mínimas de comportamiento, empezando por asuntos tan domésticos como la puntualidad. Hoy, la "disciplina aprista" es un concepto interesadamente degenerado que más se acerca a una ilota sujeción obsecuente, servil y sumisa de quien la abraza, que a una positiva actitud hacia la vida que propenda a la dignificación, progreso y perfeccionamiento del individuo. Todo esto ha sido sustituido por una obediencia indiscreta, alentado por un evidente espíritu totalitario, por una docilidad insana, por una raida sumisión que busca uniformar criterios o imponer voluntades, ora con el uso de la fuerza o la represión, ora con la subasta o la compra-venta de compromisos o lealtades.

Bajo el oprobio de esa institucionalidad falaz el debate al interior del Partido del Pueblo es una practica democrática que ha sido desterrada de su seno. No existe un ágora auspiciada por la dirigencia nacional que ventile con largueza y generosa amplitud los temas trascendentales del Aprismo, o que sirva como fuero transparente para someter a los líderes al contralor de los afiliados. Mientras el orden jurídico que organiza una sociedad civilizada crea los medios y garantiza a los ciudadanos el derecho de interpelar libremente a sus gobernantes, el APRA se substrae de esa legalidad resignándo a sus afiliados a una organización obscurantista, primitiva o tribal, divorciada de los más elementales procedimientos que permiten una mínima supervisión de la conducta de sus líderes.  Contrastando dramáticamente con el uso de herramientas de control democrático a las autoridades civiles, como el impeachment al Presidente de la República, o la censura que ejerce el parlamento para despedir a los ministros, todo ello bajo la lupa de la opinión pública, en el Aprismo está proscrita esa libertad. Es más, se reprime abiertamente con la amenaza o la prepotente materialización de la expulsión a todo aquél que interpela o cuestiona a sus autoridades.

Mas allá de los personajes envueltos en la controversia que es de dominio de la militancia, esta nueva experiencia ha vuelto a poner sobre la mesa del escrutinio público ya no el autoritarismo sino el absolutismo y la soberbia que caracteriza a la dirección del Aprismo, al punto de colocar a su secretario general en una privilegiada posición que lo substrae de toda censura terrenal. Lo que recuerda el argumento soberano del rey Enrique IV, cuando decía en una carta escrita en 1076 al papa impugnador Gregorio VII "has puesto incluso la mano sobre mí, yo que aún cuando indigno entre los cristianos he sido ungido como rey, yo que solo puedo ser juzgado por Dios y que no puedo ser depuesto por ningún crimen, a menos que -Dios no lo permita- me aparte de la fe".

No juzgamos ni condenamos al secretario general del Partido del Pueblo por los puntuales cargos de que ha sido objeto. Lo censuramos por su actitud absolutista de sustraerse al escrutinio de la militancia, haciendo uso vitando de la represión desde el poder, que lo hace juez y parte. Si tiene la razón que baje al llano y se someta al contralor de los afiliados al partido. Como afirma Theiner refiriéndose a las ideas de Milton contra la tiranía y en defensa de la libertad de expresión: "el derecho a la libre discusión no es más caro que nunca, pero lo amamoscreemos que la libre discusión puede conducir alguna vez al error, pero corremos gustosos ese riesgo a fin de que se conserve la libertad".

(*) En la sección "Chiquitas" de 7 de marzo último, el diario "Correo" informó sobre la apertura de proceso disciplinario contra César Vásquez Bazán, iniciado a solicitud del secretario general PAP Jorge del Castillo, acusado por el primero de incurrir en serias irregularidades.

 
 
Este artículo fue publicado en APRA Global y en el diario "Correo" de Lima-Perú, los días 17 y 18 de marzo de 2003.

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